Entrevista realizada a Sebastián Rubiano, Abogado de la Universidad de los Andes (2011) e investigador del Centro de Investigaciones Sociojurídicas -CIJUS- de la misma universidad. Es también investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia- en donde entre 2007 y 2011 ha trabajado en proyectos sobre activismo judicial, sistema judicial en zonas de conflicto, incumplimiento de normas, reelección presidencial y desequilibrio de poderes, justicia transicional y debilidad institucional municipal. En 2010 formó parte del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en el cual trabajó en proyectos sobre desplazamiento forzado de pueblos indígenas y minería, medio ambiente y derechos étnicos. Sus áreas de experiencia e interés son el derecho ambiental, derecho minero, derechos de los pueblos indígenas, medio ambiente y desarrollo, desplazamiento forzado, prisiones y criminalidad. Actualmente es profesor auxiliar de Sociología del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
Pablo Uribe: En primer lugar, quisiéramos preguntarle ¿qué categoría maneja el CIJUS sobre el despojo forzado? Es decir, ¿bajo qué parámetros catalogan el despojo?
Sebastián Rubiano: Catalogo el despojo forzado a título individual, en el CIJUS no hay una posición unificada sobre el tema. Mi definición parte de la categoría de Despojo Forzado que brindan los principios de JOINET. Según estos, los principales instrumentos de atención, dentro de la normatividad del refugiado y desplazamiento forzado son: Verdad, justicia y reparación. Así mismo considero que a partir de los principios PINHEIROS, que se encargan de la restitución de vivienda, se puede construir una definición completa. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en el tema, con su vasta jurisprudencia sobre el tema. En última, la definición que le podría dar consiste: en la privación forzada de derechos patrimoniales de una propiedad, lo forzado tiene como causa el conflicto.
Jorge Gechem: ¿Qué regiones y grupos poblacionales han sido víctimas del despojos? Y ¿a partir de la acción de qué grupos ilegales?
S.R: Los grupos poblacionales: minorías, afros, indígenas. En el caso de los indígenas, el tema que manejo, la tierra define su identidad. Según la Corte, el enfoque diferencial es sumamente importante para determinar la problemática entre los diferentes grupos étnicos; los impactos son diferenciales. En el caso de los indígenas las amenazas son múltiples, generalmente los actores ilegales, Guerrilla, Paramilitares, BACRIM los sacan violentamente de sus tierras. En el caso de la guerrilla, el reclutamiento forzado es muy común en zonas del Cauca, por ejemplo, donde Acción Social ha denunciado este fenómeno. Es difícil identificar la causa del despojo, hay diferentes tipos de despojo, por diferentes causas. El territorio es un bien preciado en el conflicto armado.
P.U: ¿Cuáles son las dificultades que haya dentro del proceso de restitución de la tierra?
S.R: Los territorios ancestrales no cuentan con una titulación por parte del Estado. Existe una dificultad de detectar la frontera entre la legalidad y la ilegalidad. La formalización de la tierra es muy complicada, no existe en muchos casos, según las cifras que manejo hay un 40 % de no formalización de la tierra. El nivel de informalidad dificulta la investigación. Le puedo dar el Caso de los Montes de María, Cauca, donde la informalidad de la tierra es muy alta. Así mismo hay un despojo “legal” por parte del Estado y compañías multinacionales, que expandiendo sus proyectos económicos, minería, palma, han despojado a los habitantes de varias regiones. La Corte en su auto 004 ha hablado sobre el tema.
P.U: Bueno y todo este proceso dentro del conflicto armado ¿no lo ve muy difícil? ¿Qué consideraciones tiene al respecto?
S.R: Los retos que tiene la Ley en medio del conflicto no se reducen sólo al tema de restitución, sino al tema estructural de la no repetición. Es un reto grande en medio del conflicto. Para el caso de los indígenas es un territorio preciado para la cultura. Por lo tanto hay que mirar cuál fue el daño sufrido, cómo fue el daño territorial (La Ley de víctimas va a ser diferencial en la nueva consulta). Es decir, supone retos distintos. Luego, hacer saneamiento del conflicto. EL convenio 179 OIT considera que cuando no sea imposible restituir a la comunidad en su mismo lugar, se puede reubicar, para eso se tiene “el consentimiento previo”. Es un reto adicional, porque en el resto del territorio coexiste el conflicto.
J.G: Frente a un panorama tan complejo, ¿nos podría contar algún caso exitoso dentro del proceso de restitución de tierras y otro que no?
S.R: De Restitución exitosa, San Carlos, Antioquía. Ha habido una reconstrucción física y del tejido social, la gente está reconstruyendo el pasado. ZONAS GRISES: El salado, la comisión nacional de reparación ha apoyado mucho el tema. En este caso si se ha garantizado el retorno, el problema de la restitución es que no siempre va acompañado de medidas reparativas que tengan vocación transformadora. Las medidas de reparación tienen que tener una vocación transformadora, reconstruir el tejido social, tratar de volver al estado anterior de la comunidad. Pero además, la deficiencia es que no hay una reconstrucción de instituciones estatales, la presencia Institucional es muy débil. Muchas veces se confunde la política social con la restitución. En el caso del Salado, les han puesto médicos, hospitales y esto se está vendiendo como medidas de reparación. Esas nos son medidas de reparación, son políticas sociales que le conciernen a cualquier gobierno.
J.G: ¿Qué aconsejaría para que este proceso sea loable y garantice todo lo que necesitan las víctimas?
S.R: Por ejemplo en el caso de reparación de los indígenas: Cualquier medida tiene que estar enfocada no solamente a reparar el daño sufrido, sino también a combatir las causas estructurales. No tiene sentido retornar a la persona cuando a la persona no se le garantiza un tejido social, unas transformaciones de su estado anterior. Si las medidas no van a tener en cuenta las condiciones y las características propias de las personas, enfoque diferencial, nose va a lograr un proceso exitoso. Es distinto. Además, La Ley se la están consultando a los grupos étnicos, lo que nose hizo la primera vez. Existen varios retos en materia del manejo del proceso, la identificación de las víctimas, cómo se va a llevar la información. En fin, la eficacia que va tener la Ley se va a poder evaluar en varios años, buena parte de lo que se ha hecho hasta ahora ha sido más simbólico y retórico, la materialización la veo muy difícil en medio del conflicto.
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